Facts About Dinamarca Extradición por delitos cibernéticos Revealed
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Las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales o las áreas investigadoras de la PGR solicitan la intervención de esta Institución para iniciar un procedimiento de extradición de una persona ubicada en el extranjero que cuenta con un mandamiento judicial vigente y ejecutable.
El desarrollo de dicha vista es el ordinario: acude el detenido, el juez teacher, el fiscal de la Audiencia Nacional de guardia, y el abogado defensor.
El problema surge porque el Gobierno es reacio a poner de forma inicial y rápida una fecha concreta de entrega, y entretiene al Juzgado de Instrucción y a las partes con todo tipo de comunicados vagos, donde se habla de las medidas que está tomando para impulsar la entrega, pero sin llegar a fijar una fecha concreta.
Si se concede la extradición, la persona solicitada es entregada a las autoridades del Estado solicitante en un plazo de ten días desde la fecha de la decisión closing.
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En esta etapa la SRE se encuentra facultada para analizar que la solicitud y/o petición de extradición cumple con los requisitos establecidos en los Tratados Internacionales o los requisitos en materia de extradiciones del país requerido.
Además, el delito por el que se solicita la extradición debe ser considerado un delito en ambos países. Esto significa que el delito debe estar tipificado en las leyes de ambos países y que ambas jurisdicciones consideren el delito como un acto punible.
Las personas solicitadas tienen derecho a ser notificadas de la solicitud de extradición, a tener acceso a un abogado y a presentar pruebas en su defensa. Además, tienen derecho a apelar la decisión del juez si esta es desfavorable.
Si la solicitud es considerada válida, se inicia un proceso judicial en el país requerido para determinar si se concede o no la extradición. Durante este proceso, se garantizan los derechos fundamentales del individuo, como el derecho a la defensa y el derecho a un juicio justo.
El art 19.three de le Ley de Extradición Pasiva, establece que si en el plazo máximo de 30 días desde que el Gobierno español fije la fecha de entrega ésta no se ha producido, generalmente por desidia o falta de medios del Estado requirente, dicha persona debe de quedar en libertad, pudiendo denegarse la extradición si de nuevo se solicitase por las autoridades del país requirente por los mismos hechos. Este plazo de thirty días se puede reducir a 15 a discreción del Juez teacher.
En muchos casos, los países pueden optar por juzgar a los acusados en su find more propio territorio utilizando su propio sistema legal. Sin embargo, esto puede limitar la capacidad de España para garantizar que los responsables rindan cuentas y enfrenten la justicia.
2. Se aplicará la misma regla si la Parte requerida tuviere razones fundadas para creer que la solicitud de extradición motivada por un delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o que la Situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por una u otra de tales Consideraciones.
La falta de acuerdo de extradición entre países puede ser un obstáculo para la justicia y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.
